CHINCHILLA Y ARGUETA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
La Comisión Especial de Extradición, designada por el Congreso Nacional – CN para investigar a Óscar Chinchilla, titular del Ministerio Público – MP y Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia – CSJ entregó ayer, en sesión legislativa, un informe que devela la inoperancia y complicidad de los administradores de justicia con el crimen organizado. De 97 solicitudes de extradición existentes, solo 33 cuentan con una sentencia firme. Las restante se divide en 32 con orden de captura pendiente, 19 retiradas, seis diferidas, cinco denegadas y dos en proceso.
Argueta fue elegido como titular de la CSJ desde 2016, en el primer año de administración del exmandatario Juan Orlando Hernández, recientemente extraditado, y quien convirtió a Honduras en un Narco-Estado. Curiosamente, el titular del Poder Judicial no actuó contra las extradiciones pendiente de órdenes de captura relacionadas al Partido Nacional – PN como las de Mario Cálix Hernández, alias “Cubeta”, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, estos últimos, hermanos de Arnaldo Urbina Soto, ex alcalde de Yoro por el PN que cumple una sentencia en Honduras por vínculos con el narcotráfico. ¿A quién más protegió la CSJ? ¿Quiénes son los cinco acusados a los que la CSJ denegó la extradición?
Además de su inoperancia, el Cártel de la Toga, liderado por Argueta, le cumplió a Hernández, un “último encarguito”: librar de responsabilidad penal a los implicados en el Caso Pandora para evitar una investigación penal contra Ana García, esposa de Hernández, y accionista de una de las fundaciones utilizadas en el caso para desviar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería – SAG, destinados a financiar las campañas políticas del Partido Liberal y PN en 2013.
Por otro lado, Chinchilla, desde el MP, jamás abrió líneas de investigación contra los personajes que convirtieron a Honduras en un Narco-Estado. De hecho, engavetó alrededor de 32 denuncias contra Hernández, además de un informe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, que especificaba los movimientos irregulares de Hernández y su familia. Chinchilla también engavetó líneas de investigación contra Geovanny Fuentes, socio de Hernández y condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.
En su indicment, Fuentes también relató cómo Hernández le aseguró que Chinchilla trabajaba para él: “No se preocupen por la ley. El Fiscal General, Óscar Chinchilla, ha sido designado para protegerlos y también a la droga (…) y para que Estados Unidos no se entere, modificaremos la ley a nuestro favor. Mauricio Oliva y Chinchilla, ya están en ello. Serán intocables”, aseguró Hernández a Fuentes Ramírez.
La Comisión también destacó que la documentación de los archivos relacionados con los procesos de extradición o fueron sacados de las distintas secretarías de Estado involucradas o fueron destruidos, por lo que, recomendaron un juicio político contra Chinchilla y Argueta. La población está alerta, una vez más, queda en manos de los congresistas garantizar justicia al pueblo hondureño, aprobar que estos personajes sean juzgados con todo el peso de la ley para que paguen por el daño ocasionado al país por consentir y proteger un Narco-Estado.
