El Ministerio Público y la impunidad
Nace como una respuesta a la necesidad de sustraer a la investigación criminal de la Fuerza de Seguridad Pública,la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas, luego de los escándalos provocados por la confesión de un agente de la Dirección Nacional de Investigación - DNI, en la que reconocía la participación de esa agencia en desapariciones, torturas, capturas ilegales, secuestros y un largo etc.
Para nadie era desconocida la actividad criminal de esta agencia, que operaba como el brazo criminal del gobierno, en plena guerra fría, aniquilando, sin piedad, a los que las élites, políticas y económicas, desde el poder declaraban “enemigos de occidente” por su ideología, supuestamente, exótica y tóxica. Cuando la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó a perder intensidad, la policía política dedicada a asesinar y a torturar a los supuestos comunistas, siendo que no podía abandonar sus criminales prácticas, comenzó a delinquir simplemente. Asesinaban, torturaban y encarcelaban a todo el que, desde su retorcida perspectiva, lo mereciese, y, en este punto, aquellas élites sintieron que habían perdido el control y todos, sin excepción, estaban amenazados. Decidieron destruirla antes de que los destruyera.
Los civiles aprovecharon las circunstancias para separar la investigación criminal del ámbito militar, y las Fuerzas Armadas, viendo que el mundo cambiaba y que no podían resistirse sin perder irremediablemente prestigio y hasta su existencia, aceptaron voluntariamente el cambio y, a su modo, colaboraron.
No obstante, el problema que se planteaba era cómo hacerlo, de modo que fuese efectivamente provechoso para la justicia. Fueron ilustres juristas, todos ellos desaparecidos, quienes propusieron la alternativa institucional en la que se acogiera la investigación criminal, pero bajo la dirección del Ministerio Público - MP, institución que heredamos de la colonia, pero sin más funciones en el juicio que las del “invitado de piedra”, y que eran desempeñadas por cualquier ciudadano, hasta amas de casa, con excepción de la Capital, que los fiscales eran abogados. Había que cambiar su contexto y su función, tarea que cumplieron eficientemente los juristas José María Palacios, Efraín Moncada Silva y Francisco Cardona Argüelles.
Claramente quedó consagrado en la ley que la función del MP es luchar contra la impunidad, no luchar contra el crimen, función que compete a la policía uniformada. Situó al MP, entonces, en el ámbito estrictamente procesal, no callejero. Muy poco queda, particularmente los delitos de acción privada, fuera de su competencia, por ser la institución que ostenta el monopolio de la acción penal pública de oficio.
La corrupción fue, desde sus inicios, su principal ocupación y desde sus orígenes tuvo que enfrentar el Poder, porque era con éste al que siempre resultaba asociada. Por eso, después de la tormenta de acciones criminales contra los corruptos y los violadores de los derechos humanos de la década de los ochenta, reaccionó y lanzó su primer zarpazo mutilando al MP, cuando le cercenaron la investigación criminal y condenaron al país a estar sin investigación criminal profesional por veinte años, hasta la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal - ATIC.
Conscientes de que habían creado una estructura que de no controlar convenientemente, amenazaría las redes de corrupción, entonces desconocidas por el público, decidieron convertirla en un apéndice de la corrupta institucionalidad, asegurándose que la dirección fuese responsabilidad de dirigentes y activistas políticos que impidiesen las investigaciones y sustanciación de procesos criminales en contra de los corruptos, provocando la reacción de la generación fundacional de fiscales que se lanzaron a la huelga, en contra de administraciones diferentes, inaugurando “las huelgas de la dignidad”, puesto que no exigían condiciones laborales, sino que no se prostituyera la institución.
En este contexto, el principal obstáculo que enfrenta, desde sus orígenes, el MP, es el Congreso Nacional, que para evitar que los juicios anticorrupción iniciados por la primera administración continuasen indefinidamente, porque los jueces no encontraban el asidero jurídico para sobreseerlos o para declarar la inocencia de los imputados, aprobaron una ley, aprovechando la emisión del nuevo Código Procesal Penal, para conceder al juez discrecionalidad para decretar sobreseimientos por mora judicial, destino al que condenaron todas las causas de corrupción, cuidándose de no incluir a las instruidas en contra de los violadores de los derechos humanos de la década de los ochenta.
Igualmente, decidieron terminar las causas contra los quebradores de instituciones financieras, mediante un artificio consistente en trasladar el delito financiero al Código Penal, antes de que se aprobase la nueva ley de instituciones financieras que derogaba aquella en la que aquel delito se contemplaba. Pues bien, cuatro meses se tardaron en reformar el Código Penal, luego de derogar esa ley, interregno en el que operó placida y ampliamente la retroactividad de la ley, exonerando a todos los responsables de aquellas quiebras.
La misma estrategia aplicaron con las acciones del binomio MACCIH-UFECIC, emitieron leyes y hasta aprobaron un nuevo código penal, excesivamente indulgente con el crimen organizado, incluida la corrupción, que también lo es, sin duda, con la variante de que, en esta ocasión, se comprometieron decisiones judiciales manifiestamente a favor de los imputados, sin importar el irreversible desprestigio que sufrirán, y la participación activa de todos los poderes, algunas organizaciones religiosas y hasta de la diplomacia internacional, en la que jugó un importante papel Estados Unidos, en la expulsión de la MACCIH, por considerarla enemigo público número uno, por su, supuesta, invasión de funciones estrictamente nacionales.
En este momento, el MP se encuentra en una complicada encrucijada, actuar en contra de los saqueadores de los recursos destinadas a la pandemia, parte de la enorme red de corrupción que tiene atrapado el Estado hondureño, o ignorar el reclamo popular que exige dar respuesta a una pregunta sencilla, pero medular y punzante: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
