LOS BANCOS PERDIERON SU TAJADA: DEROGADOS FIDEICOMISOS

Sin duda, una de las medidas más incisivas del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, ha sido la reciente derogación de las figuras de Fideicomiso y de Alianza Público-Privada – APP. Estos contratos especiales, extendidos por el régimen Juanorlandista, se utilizaron para arrebatarle al Estado la administración del dinero público, y para entregarle a la banca nacional privada la gestión de servicios como el agua, la energía y la salud. Con esta medida del nuevo gobierno, los dineros dedicados a cubrir estos derechos de la población, volverán a ser administrados por el Estado.

“La constitución de estos fideicomisos ha deteriorado e inmovilizado las finanzas públicas, violentando el precepto constitucional de Caja Única de la Tesorería General de la República. La administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo”, enfatiza el texto del Decreto Ejecutivo aprobado por el Congreso Nacional – CN la semana pasada, mismo que deroga 19 decretos que contenían contratos de fideicomiso con la banca privada.

Entre los 19 decretos derogados destaca el No. 33-2021, que contiene el contrato de fideicomiso administrado por Banco Atlántida, de Guillermo Bueso (1), para la construcción de 14 represas valoradas en 1,500 millones de dólares. Este fideicomiso fue presentando como respuesta a la crisis humanitaria que dejaron los huracanes Eta e Iota.

El dolor de miles de hondureños que perdieron su hogar, y a sus seres queridos, se utilizó vulgarmente en favor de intereses privados. El decreto también autorizaba la expropiación de bienes en todas las zonas de construcción de las represas.

El CN derogó también el Decreto Legislativo No.97-2018 que contenía el Fideicomiso de Infraestructura Vial, suscrito entre Inversiones Estratégicas de Honduras – INVEST-H y Banco de América Central – BAC de Jacobo Atala. BAC se aprovechó de otra crisis humanitaria: la pandemia del COVID-19. Según denuncias de Rixi Moncada, actual titular de la Secretaría de Finanzas – SEFIN, el egreso de los 48 mil millones de dólares que Honduras pagó por los hospitales móviles, también están registrados como inversión en este fideicomiso.

Con respecto a la banca nacional, el CN derogó el artículo 45 del Decreto Legislativo No.278-2013 que contenía el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la reducción de la pobreza extrema, firmado con el Banco Central de Honduras – BCH. A través de este fideicomiso, el Partido Nacional – PN implementó el programa presidencial Bono Diez Mil, un fondo creado para cometer fraude. Según la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras – MACCIH, el PN sustrajo más de once millones de lempiras del programa Bono Diez Mil, para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2014.

“Constitucionalmente pertenecen a Honduras los territorios situados en tierra firme, dentro de sus límites territoriales, y su dominio es inalienable e imprescriptible y debe, por tanto, ejercer su soberanía y jurisdicción plena, la cual no puede ni debe sujetarse a contratos de fideicomiso por tiempo indeterminado, suscritos por secretarios de Estado o titulares de entes descentralizados o desconcentrados, aún cuando sean aprobados por el Congreso de la República, ya que los mismos equivalen a una expropiación.” Concluye, en uno de los considerandos, el Decreto Ejecutivo enviado por la Presidenta Xiomara Castro y aprobado por el CN.

Para garantizar las liquidaciones pertinentes, SEFIN deberá instruir a los bancos fiduciarios a esperar instrucciones de las instituciones o secretarías fideicomitentes, para que estas incorporen los recursos en sus presupuestos, además de cumplir con las obligaciones contractuales generadas por los fideicomisos.

Cabe destacar que, a través de la figura del fideicomiso, también se orquestaron grandes casos de corrupción como la estafa de los hospitales móviles, por dar un ejemplo. Y, como si esa tajada no fuera suficiente, el mecanismo administrativo del fideicomiso fue utilizado por la banca privada para facilitar el lavado de activos, todo a costa de los derechos fundamentales de la población hondureña, hoy liberada del fraude a través del fideicomiso y las APP.